Bloqueo municipal a la ampliación de la Sagrada Familia -

Por Silvia Angulo, LaVanguardia.com [cedida]

La Sagrada Família avanza a un ritmo vertiginoso con la vista puesta en el 2026. Ese es el año en el que está previsto que finalicen las obras. Las grandes torres, con la de Jesús a la cabeza, de 175 metros de altura, ya habrán despuntado entonces sobre el cielo de Barcelona y la segunda sacristía, el último edificio que se construirá en el perímetro, estará acabado.

Pero la basílica, como si estuviera aquejada de ese mal fario que persigue a la construcción de casi todos los grandes templos, no estará completa. El Ayuntamiento de Barcelona, en una nueva maniobra con la que pretende dejar claro que la finalización de la basílica no es una prioridad para la ciudad, ha decidido dificultar la ampliación y construcción de la escalinata que nacería en la fachada de la Glòria y que debería llegar hasta la avenida Diagonal.

La Sagrada Família vuelve a darse de bruces con el número 410-414 de la calle Mallorca, el inmueble construido por Núñez y Navarro frente a la fachada de la Glòria, que está en precario por incumplir el Plan General Metropolitano (PGM).

El solar que en principio debía servir para realojar a los vecinos afectados por la demolición de esta finca podría finalmente no destinarse a este uso si el Ayuntamiento sigue adelante con sus planes de comprar los terrenos para ubicar en él equipamientos pendientes del distrito. Esta actuación bloquearía la creación de la gran avenida que, en los dibujos de Antoni Gaudí, tiene un anchura como la de paseo de Gràcia.

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Hace unos meses, el distrito del Eixample suspendió licencias urbanísticas en diez solares con el objetivo de estudiar su posible compra y futuro uso público como vivienda dotacional –para personas mayores o jóvenes– o equipamientos de barrio.

Parecía tratarse de una nueva moratoria más de las muchas que está aplicando el equipo de gobierno de Ada Colau. Pero la suspensión afecta una nave industrial propiedad de Aigües de Barcelona, delimitada por las calles Mallorca, Lepant, València y Marina. El solar en cuestión es el que debía servir para construir las viviendas para realojar en el mismo barrio a los vecinos afectados por la conclusión de la Sagrada Família.

Hasta hace unos años existía un convenio firmado con la empresa de aguas –que ya no está vigente– que permitía al Ayuntamiento ejercer una opción de compra. Cuando se produjeron las primeras conversaciones a tres bandas entre el Consistorio, el Patronat de la Sagrada Família y Agbar, se llegó incluso a tasar la nave industrial.

El anterior gobierno municipal fijó su precio en 4 millones de euros. En todo caso, el solar debería recalificarse, ya que está considerado como de equipamiento. Este es el resquicio normativo que quiere aprovechar el gobierno municipal para ubicar en él servicios para un barrio muy presionado por la presencia de visitantes del templo.

Fuentes municipales señalaron a La Vanguardia que no existe ningún acuerdo formal por el que el solar que está afectado por la suspensión de licencias deba alojar a los vecinos del edificio de Núñez y Navarro. Reconocen que en el mandato anterior si se estudió esta posibilidad, pero reiteran que el debate sobre la construcción del paseo y de la escalinata debe plantearse de manera muy amplia con los vecinos del entorno y con la propia basílica. En este sentido, explicaron que, en estos momentos, se están realizando los estudios para analizar la viabilidad de la compra de los terrenos y que aún no se ha tomado decisión alguna.

La ampliación del templo no es una prioridad para el consistorio

Lo cierto es que facilitar las cosas a la Sagrada Família no es hoy, precisamente, una prioridad para el Ayuntamiento. Los responsables municipales han dado muestras de ello en más de una ocasión. Las peticiones de licencias de obras y la calificación de “mona de pascua” –por parte del concejal de Arquitectura, el socialista Daniel Mòdol– son algunos ejemplos recientes.

No entra en sus planes iniciar un proceso expropiatorio de viviendas para construir la gran escalinata, que dibujó en sus planos Antoni Gaudí y que están proyectando los arquitectos. Para el actual gobierno local el diseño del entorno de la basílica no está entre sus objetivos prioritarios y urgentes. Esta operación urbanística comportaría la expropiación de centenares de viviendas y comercios y el derribo de prácticamente dos manzanas del Eixample en el caso de que se cumpliera el planeamiento vigente, que prevé una avenida de 60 metros de ancho.

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Desde hace unos meses, las dos partes se reúnen para determinar la cuantía que la Sagrada Família debería pagar en concepto de licencia de obras. Así se lo reclamó hace unos meses la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, a los responsables del templo al entender que las obras se desarrollan sin ningún control municipal y sin los correspondientes permisos.

Sin embargo, en estas conversaciones todavía no se ha fijado ninguna cantidad. Fuentes municipales se limitan a señalar que se “está avanzando”. En las conversaciones no se ha abordado hasta la fecha la remodelación del entorno de la basílica, a pesar de que las obras y el calendario avanzan inexorablemente.

El arquitecto jefe de las obras de la Sagrada Família, Josep Faulí, ha reiterado en varias ocasiones que la decisión sobre la escalinata puede esperar y que no condiciona la construcción de la fachada de la Glòria, a pesar de que sea la entrada principal al templo. Precisamente por eso ha solicitado que se empiece a plantear la creación de unos accesos laterales o de evacuación para cuando se celebren las misas.

En el anterior mandato, los responsables de CiU avanzaron mucho en las negociaciones para intentar pactar con los vecinos la futura urbanización. Se inició un proceso participativo ya que entendieron que los trámites son largos. El propósito era empezar a acordar cómo debía ser el perímetro de la Sagrada Família bastante antes de que terminasen las obras.

Las asociaciones vecinales impusieron como condición que la afectación fuera mínima y que se redujese el tamaño del paseo. También reclamaron que la Sagrada Família corriera con todos los gastos y que los vecinos afectados pudieran ser realojados en la misma zona del barrio. Inicialmente, se había calculado que la nueva avenida podría afectar a unas 850 viviendas, pero la reducción de su superficie, tal y como reclamaban las asociaciones, dejó esa afectación en sólo 150.

Todo aquel trabajo se ha convertido en papel mojado, sobre todo si prospera la maniobra del Ayuntamiento, que elimina la posibilidad de que los vecinos puedan ser realojados en el entorno del templo.

El terreno de Aigües de Barcelona es el único solar disponible en la zona y la previsión, como ya se dijo en su momento, de reubicar a los afectados en los nuevos edificios de viviendas que se han de construir en la plaza de las Glòries nunca fue bien vista por los interesados.

Las negociaciones habían avanzado tanto que incluso se llegó a pactar con los responsables del templo la creación de un fondo social para destinar un euro de cada entrada a la Sagrada Família a sufragar el realojo de los vecinos.
Los responsables de la Sagrada Família, asimismo, habían empezado a trabajar en el proyecto monumental que comportaría la construcción de una gran plataforma elevada cinco metros sobre la calle Mallorca. Los vehículos y peatones podrían continuar circulando sobre esta vía, ya que la nave central se encuentra por encima del nivel de la calle.

Sobre esta cubierta se construiría una plaza pública –inicialmente estaba previsto que fuera de 45 metros de ancho– que daría acceso al interior del templo, al que se llegaría a través de una escalinata singular. Esta avenida aprovecharía el desnivel de cota de cuatro metros que hay entre la Diagonal y el centro de la basílica. Este proyecto no consta en ningún planeamiento vigente, por lo que sería necesaria una modificación de PGM.

Hace nueve meses el pleno municipal acordó presentar una propuesta de ordenación y urbanización de los entornos de la Sagrada Família con el único voto en contra de la CUP. La petición instaba al gobierno municipal a presentar en el periodo de seis meses una propuesta. Hace unos días, el popular Alberto Fernández lo recordaba. El plazo ya ha sido ampliamente rebasado y todavía no se ha puesto sobre la mesa ningún proyecto.

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